Partimos
de la base de que España está sola. Sola ante el peligro del declive de una
economía mal gestionada desde la cúpula política. Y ésta no es una cuestión de
partidos. Las relaciones internacionales empezaron a degradarse desde el
gobierno de José María Aznar, alejándose de los aliados europeos para subirse
al carro del Imperialismo norteamericano, en la cumbre de las Azores. Esta
circunstancia propició el desprestigio de cara a los españoles del máximo
dirigente del Partido Popular por aquel entonces. Lo que impulsó la subida al poder de José Luis
Rodríguez Zapatero, representante del PSOE. Éste renunció a los favores estadounidenses
retirando a las tropas de Irak quedando el país a la deriva en un complejo escenario económico internacional.
El
bombardeo mediático que sufrió el antiguo gobierno socialista fue acertadamente
aprovechado por el bando popular. Rajoy y su equipo recogió amablemente el
relevo de un país sumido en el caos. Con la promesa del cambio, una apuesta por
la austeridad como salida de la crisis económica y la vuelta a Europa. Sin
embargo, apenas cinco meses en el poder de Rajoy, han bastado para dar la razón
a aquellos que se atrevieron a calificar de incapaz al dirigente del Partido Popular.
Los duros recortes, que el gobierno enmascara detrás de reformas, están basados
en imperativos alemanes, que no favorecen el crecimiento español sino que hacen
retroceder socialmente al país. Tal vez, este no sea el momento de
reengancharse a toda costa a una Europa dividida y que ya no cuenta con
nosotros. Porque el precio a pagar, y nunca mejor dicho, es inasumible por los
bolsillos de los españoles. Ya que el Partido Popular, ha tomado una serie de
decisiones para salvar el sistema financiero privado, que están llevando a la
miseria a la sociedad española.
Por
si esto fuese poco, España ha iniciado un conflicto diplomático con “nuestra
querida Argentina”. Y es que el pasado 16 de Abril, Cristina Fernández
Kirchner, decidió nacionalizar la filial de Repsol, YPF. Esto ha enfurecido a
todo el sistema empresarial privado español que invierte en el mercado latinoamericano,
como era de esperar. Pero, además, dicha decisión ha propiciado la reacción
política española e internacional posicionándose de una u otra parte. Cabe
señalar, el conflicto lingüístico que ha supuesto ésta acción política argentina,
ya que una vez más, dependiendo de los intereses que al gobierno actual le ha interesado
defender ha optado por un vocabulario que dramatiza, aún más si cabe, el
comportamiento de la República Argentina en favor de la petrolera.
Según
el campo del Derecho Internacional, encargado de regular este tipo de disputas,
diferencia entre tres conceptos básicos: nacionalización, expropiación o
confiscación. Por “nacionalización” y “expropiación se entiende la transferencia
forzosa al Estado de activos y propiedades de una persona, natural o jurídica,
con fundamento en la utilidad pública. La diferencia entre ambas recae,
primero, en que los activos o propiedades transferidos serán nacionales o
extranjeros en el caso de la nacionalización y únicamente extranjeros en el
caso de la expropiación. Y, segundo, en que la nacionalización se base en una
legislación especial para el caso y no necesariamente atendiendo a una norma prexistente,
mientras que la expropiación se basa en la legislación prexistente y no una ley
expresa. Por tanto, ambas acciones están dentro del marco que ampara el Derecho
Internacional, siempre y cuando, estén acompañadas debidamente del pago de una compensación
o indemnización a los propietarios. Por último, la confiscación, se basa en una
nacionalización o expropiación que no cumple con las condiciones exigidas por
las leyes nacionales del Estado que las protagoniza y por las normas del
Derecho Internacional.
El
Presidente del Gobierno y los ministros de exteriores e industria españoles han
calificado la decisión argentina de hostil y de robo. Países latinoamericanos
como México, Colombia o Brasil, también se han pronunciado a favor de la petrolera,
siendo el más contundente el primero. Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha
explicado que el Gobierno Argentino ha intentado tapar la crisis social que
sufre el país con esta intervención ilegítima e injustificable. Los argumentos
que sostienen todos estos protagonistas son, en primer lugar, que la acción
emprendida por el Gobierno Argentino es una confiscación violatoria de la
Constitución Argentina y, en segundo lugar, que se ha procedido de manera
discriminatoria con la compañía porque se ha realizado una transferencia
forzosa únicamente de las acciones propiedad de la empresa española y no las de
el resto de accionistas de YPF. Pero ¿Por qué estos actores económicos
defienden a ultranza la empresa española?
El
presidente de Repsol, obviamente lo defiende, porque ataca directamente los
intereses de la compañía ya que los beneficios que se obtenían de YPF, suponían
un 55,4% del total. El Partido Popular, salvaguarda los intereses de las
empresas españolas, ya que es consciente de que las grandes empresas españolas,
como Telefónica, Banco Santander, Gas Natural y BBVA, se ven directamente
amenazadas y constituyen un rembolso importante en las arcas públicas a través
de sus impuestos. México, por su parte, posee un interés directo en Repsol, ya
que la petrolera estatal Pemex es accionista principal de la española con un
9,5% de su capital.
Los
motivos que se han presentado desde el gobierno de Cristina Fernández son
básicamente dos: que Repsol no invierte todo lo que podría en Argentina y que la
energía es un sector estratégico que debe pasar a manos públicas. Analistas
económicos coinciden en que la expropiación es completamente legal siempre y
cuando se culmine un acuerdo en la compensación que Argentina deba abonarle a
la petrolera.
Lo
que está claro es que los intereses enfrentados no son entre las dos naciones,
sino entre los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de
sujetos privados de distintas nacionalidades. Ya que más del 50% de la multinacional
es propiedad de accionistas extranjeros y únicamente declara en España un 25%
de sus beneficios totales por todo el mundo.
Por
eso, la pregunta que se plantea a raíz de toda esta controversia es ¿estamos dispuestos
los españoles a mantener en el poder a dirigentes políticos capaces de
enfrentarse internacionalmente por los intereses del sector privado pero
incapaces de salvaguardar la estabilidad económica de sus ciudadanos? Es más, dicen
que la mejor defensa es un ataque: ¿Por qué no nacionalizar las principales
empresas que conforman el sistema financiero español?
